La Fiscalía General de la Nación imputó a tres exdirectivos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) como presuntos responsables del delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Se trata del vicepresidente de Gestión Contractual, Camilo Mendoza Rozo; del exgerente de Proyectos, José Andrés Torres Rodríguez; y el exvicepresidente jurídico, Héctor Jaime Pinilla Ortiz.
Estas personas habrían tramitado y permitido la aprobación de manera irregular de los otrosíes 1, 2, 4, 5 y 8 del contrato de concesión 001 de 2010, ‘Ruta del Sol II’.
Los elementos de prueba indican que, en el ejercicio de sus cargos, formularon, avalaron y firmaron estudios de conveniencia, actas de comité de contratación, entre otras actuaciones que les dieron viabilidad a las adiciones hechas al proyecto vial. De esta manera, fueron modificadas y ajustadas las condiciones financieras y técnicas del contrato en favor del concesionario, del que hacía parte Odebrecht, sin que existieran estudios serios y completos.
Peritos especializados de la Fiscalía constataron que una de las adiciones aprobó la disminución de la huella asfáltica, lo que redujo la calidad de la obra y disminuyó los costos de construcción en favor del contratista.
Asimismo, acreditaron que se autorizaron pagos por trayectos no terminados, se hicieron giros anticipados, se ampliaron plazos, ajustaron cronogramas de obra, fueron omitidas las sanciones por demoras o ausencia de licencias ambientales, se adicionó la construcción de la intersección de Puerto Boyacá que no tenía relación con el contrato original, y se comprometieron recursos y vigencias futuras sin autorización del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS).
