Mucho interés causó el pronunciamiento de los presidentes de las EPS Sura, Sanitas y Compensar, al quejarse públicamente sobre la “difícil situación financiera que enfrentan, realidad que, de persistir, los obligaría a tomar decisiones el próximo mes de septiembre, por los problemas para avanzar con la operación”.
La declaración, que pone de presente que 13 millones de afiliados estarían en peligro, alertó a todos los actores del sector, pero desde la óptica de los acreedores, especialmente de los de hospitales públicos, a los que les deben esas tres empresas privadas $346.596 millones (a marzo de 2023), es importante hacer varias claridades.
Sanitas debe a las empresas sociales del estado colombianas $179.433 millones; Sura adeuda $110.742 millones, y Compensar $56.418 millones. La cartera de estas tres empresas no es ni mucho menos de fácil recaudo, porque los atrasos van desde 60 días a más de un año (más de 360 días), lo que demuestra que es necesario que el país conozca la otra cara de la moneda.
La directora Ejecutiva de la Asociación Colombia de Empresas Sociales del Estado, ACESI, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, dijo que la historia hay que contarla completa, porque si las EPS se quejan de: “que no se ha logrado una redistribución equitativa de los recursos; pago de las deudas de presupuestos máximos, el valor de la UPC es insuficiente; que las conciliaciones de las deudas del sistema con ellos no ha sido posible, y que no cumplirán con los indicadores financieros al finalizar este año, entre otras quejas, lo justo seria mirar las cosas, para ser objetivos, también desde la óptica de los prestadores”, sostuvo.
El gremio de los hospitales públicos, durante muchos años se ha quejado de la inequidad en la interpretación de las normas, que les da a las EPS enormes ventajas sobre las ESE, especialmente en la administración de los recursos, que, para ambos casos, son dineros públicos, pero que varios gobiernos anteriores han expedido decretos y resoluciones en contra de los intereses de los prestadores estatales y a favor de los privados, con la evidente indiferencia de los organismos de control.
Las EPS utilizan estratagemas para dilatar el pago de facturas, utilizando las glosas como herramienta efectiva para envejecer las carteras, hasta el punto de convertirlas en de difícil recaudo. “La pregunta es ¿Quién asume estas deudas impagables?, ¿Es justo que los balances de los hospitales públicos tengan que ser castigados, generando malas calificaciones por gestión administrativa, por culpa de la irresponsabilidad de las EPS, por el no pago de las facturas?”, advirtió́ Olga Lucía Zuluaga.
La vocera de las empresas sociales del estado denunció que las negociaciones de muchos contratos de EPS con hospitales públicos violan las normas, porque imponen incrementos, en muchos casos, por debajo del IPC.
Agregó que buena parte de los hospitales públicos atraviesan serios problemas financieros. Muchos han tenido que ser intervenidos y también liquidados.
“Todo lo anterior, con la mirada indiferente del país, por lo que es necesario que la opinión pública conozca la otra cara de la moneda. El resto de la cartera con otras EPS llega a $7,8 billones. Es decir, eso es lo que les deben esas compañías a los hospitales públicos”, puntualizó la directora ejecutiva de ACESI.
