La ministra de Cultura, Mariana Garcés, el director jurídico del Ministerio de Cultura, Juan Manuel Vargas, y el director del Icanh, Ernesto Montenegro, presentaron a la comisión de empalme del nuevo gobierno los detalles de las acciones desarrolladas sobre el rescate del galeón San José.

‘Fue una explicación clara, sustentada, y entregamos cada uno de los documentos que la respaldan. El comité de empalme quedó tranquilo sobre el tema’, dijo la ministra de Cultura, Mariana Garcés, durante su declaración en la Casa de Nariño.

En efecto, los detalles fueron expuestos de manera minuciosa. Se partió de la importancia de la Ley 1675 de 2013 de Patrimonio Cultural Sumergido, aprobada por el Congreso de la República en 2013. Esta normativa establece las condiciones para proteger, viabilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumergido, así como ejercer soberanía y generar conocimiento científico sobre el mismo.

Con respecto a la recuperación del San José, el director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Montenegro, declaró: ‘El proceso de exploración, intervención y recuperación en cualquier caso se debe priorizar lo cultural frente a cualquier tema económico y así está planteada la APP que se viene adelantando’.

El proceso

En diciembre de 2015, el Gobierno Nacional anunció que después de 307 años de búsqueda, un grupo de científicos y arqueólogos subacuáticos hicieron el más grande hallazgo submarino de la humanidad: el galeón San José, uno de los últimos galeones del siglo XVII, hundido en aguas colombianas.

Posteriormente, luego de analizar las ventajas para el país y sobre todo, ceñidos a Ley de Patrimonio Sumergido, el Presidente Juan Manuel Santos informó en 2017 que el proceso de rescate del San José se realizaría por medio de una Asociación Público Privada, APP, sin desembolso de recursos públicos.

El Ministerio de Cultura consideró viable la iniciativa, en la medida en que correspondía a los intereses del Estado, y contemplaba un objetivo que el Ministerio no podía realizar con sus propios recursos. Lo anterior, sumado a que el originador era el único poseedor de una investigación histórica, metodológica y cartográfica que permitía realizar la exploración.

Maritime Archaeology Consultins SwitzerlandAG (MACS) es la empresa que elaboró la propuesta inicial de este proyecto y que, en términos de la Ley de APP colombiana, Ley 1508 de 2012, se denomina el originador. Durante casi dos años, esta propuesta fue ajustada entre el originador y el Gobierno Nacional para que cumpliera con las exigencias de Colombia.

Con base en lo anterior se construyó un pliego de condiciones que se encuentra publicado en la plataforma de contratación pública SECOP 1 y cumple plenamente con las especificaciones técnicas, científicas, tecnológicas y financieras exigidas, al igual que el equipo multidisciplinario con alta experiencia requerido para las etapas posteriores.

Eso garantiza que sin importar quién desarrolle el proyecto, lo haga con las altas especificaciones científicas y técnicas exigidas en la convocatoria. El desarrollo del proyecto no conlleva ningún riesgo ni disposición de recursos por parte del Gobierno Nacional.

La APP tiene por objeto “la intervención, preservación divulgación y aprovechamiento económico de los bienes que se encuentran en el polígono autorizado en el mar Caribe, así como el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública asociada, la cual se compone de un laboratorio para la conservación de materiales y un museo que permita la divulgación y apropiación del patrimonio cultural de la Nación”.

El costo del proyecto es de $197.727 millones, que debe aportar en su totalidad el privado. Este monto corresponde al objeto del proyecto, que contempla la intervención, preservación, aprovechamiento económico y divulgación del hallazgo; así como el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública asociada (laboratorio y museo).

La convocatoria contiene más de 600 folios, que fueron publicados el 23 de marzo de 2018, con fecha de cierre el 24 de abril. Con el fin de ampliar las posibilidades de participación el Ministerio de Cultura prorrogó el cierre en tres oportunidades, inicialmente para el 25 de mayo, luego para el 15 de junio y después hasta el 23 de este mes.

El proyecto plantea el registro del yacimiento y la totalidad de las piezas que lo componen antes de realizar la excavación. En este orden de ideas, las piezas serán fotografiadas y registradas por robots con un serial único, antes de que salgan a la superficie.

Ningún bien que sea considerado como parte del patrimonio cultural de la Nación por parte del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, será entregado al concesionario como parte de la retribución. Para ello la Ley 1675 de 2013 establece los criterios que deberá aplicar el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural con el fin de garantizar que todos los bienes que cumplan con los mismos, sean declarados patrimoniales.