Por unanimidad, el Concejo de Bucaramanga aprobó la política pública para la reivindicación, respeto e inclusión social de la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
“Podemos decir con total orgullo que le estamos apostando a una ciudad diversa, incluyente; una ciudad en la que siempre impere el amor y bienestar social. Bucaramanga, oficialmente tenemos política pública LGBTIQ+”, señaló Jorge Neira González, secretario de Desarrollo Social y se garantizarán derechos como:
- Una ruta intersectorial e institucional para la atención de violencias a la población sexualmente diversa.
- Acceso al derecho a la identidad mediante el cambio de documento de identidad a personas trans.
- Estrategia municipal para actualizar proyectos educativos y manuales de convivencia a partir del enfoque de género y diversidad sexual.
- Acceso a vivienda digna para la población sexualmente diversa.
- Garantía y disfrute de derecho a la salud.
- Estrategia de fortalecimiento a organizaciones y colectivos LGBTIQ+, así como fortalecimiento al comité municipal de la población.
- Diseña y mantener un programa que lidere la atención a la población sexualmente diversa.
Según la normatividad, esta política pública tendrá una vigencia de diez años. Con esta aprobación, Bucaramanga se une a ciudades como Bogotá y Medellín, que tienen políticas públicas para la población LGBTIQ+.
“Saldamos una deuda histórica con líderes sociales y activistas que por años fueron ignorados y violentados, hoy gana la vida, hoy tenemos la esperanza d transformar imaginarios, eliminar prejuicios y garantizar plenos derechos con la política pública para la población LGBTIQ”, señaló el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.
El pasado jueves 7 de julio se realizó la instalación del Comité Municipal LGBTIQ+. Este evento se dio junto a las instituciones administrativas que hacen parte del mismo, como lo son el IMEBU, INDERBU, y secretarías que conforman la Alcaldía de Bucaramanga.
Dicho comité funcionará como instancia de participación, control social, seguimiento y asesoría en las políticas públicas dispuestas para la protección de la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y se realiza en el marco del decreto 0057 de 2020.
