La decisión del Ministerio de Ambiente dejó sin efecto la protección sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en California, Santander. El Gobierno anunció un nuevo proceso técnico y jurídico, mientras ambientalistas y comunidades mineras reaccionan desde posiciones opuestas.
El futuro de Santurbán vuelve a generar una fuerte discusión en Santander luego de que el Ministerio de Ambiente revocara la decisión que había declarado como reserva ambiental cerca de 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, con la que se dejó sin efecto la Resolución 0994, expedida el pasado 6 de agosto por el anterior Gobierno.
La zona se encuentra por fuera de los límites formales del páramo de Santurbán, pero está relacionada con el sistema hídrico y ecológico del macizo. Precisamente por esa conexión, su protección se convirtió en uno de los puntos más sensibles de la discusión ambiental de la región.
¿Por qué fue revocada la reserva?
El Ministerio de Ambiente asegura que la decisión no significa abandonar la protección ambiental de La Baja.
Según la cartera, durante el trámite de la resolución anterior se presentaron situaciones que podían afectar su validez jurídica. Entre ellas, una tutela relacionada con posibles vulneraciones a derechos de habitantes de California y una recusación que estaba pendiente contra la entonces ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez.
El Ministerio sostiene que estas circunstancias exigían suspender el procedimiento y que, por esa razón, decidió revocar la resolución y comenzar una nueva evaluación técnica y jurídica. También señaló que el nuevo proceso deberá garantizar la participación de las comunidades y el debido proceso.
La cartera ha insistido en que la revocatoria no constituye un pronunciamiento contra la importancia ambiental de La Baja, sino una decisión para corregir el procedimiento y construir una nueva medida de protección con respaldo técnico y jurídico.
Ambientalistas advierten sobre un posible retroceso
La decisión generó rechazo entre organizaciones defensoras del agua y del páramo de Santurbán.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán cuestionó la revocatoria y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la protección de las fuentes hídricas de la región.
La preocupación está relacionada, entre otros aspectos, con el proyecto minero Soto Norte y con la posibilidad de que, al desaparecer la reserva específica sobre La Baja, se reduzca una de las barreras ambientales que afectaban el desarrollo de actividades mineras en esa zona.
El expresidente Gustavo Petro también cuestionó públicamente la decisión y sostuvo que la medida puede favorecer intereses relacionados con la explotación de oro en la región.
Las comunidades mineras también tienen otra lectura
Mientras los ambientalistas hablan de proteger el agua, en municipios como California y Vetas existe una preocupación diferente: el futuro económico de las familias que dependen históricamente de la actividad minera.
Los sectores mineros han reclamado que las decisiones sobre Santurbán deben tener en cuenta las condiciones sociales y económicas del territorio y garantizar la participación efectiva de las comunidades.
Por eso, el debate no se limita a decidir si se permite o no la minería. También plantea una pregunta de fondo: ¿cómo garantizar la protección ambiental sin dejar sin alternativas económicas a las comunidades que viven en esta región?
La delimitación de Santurbán sigue pendiente
La polémica por La Baja ocurre mientras continúa el proceso de nueva delimitación del Complejo de Páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.
El proceso se encuentra actualmente en fase de concertación, una etapa en la que las comunidades y diferentes actores del territorio participan en la discusión sobre las medidas que deberán adoptarse para la protección del ecosistema.
La delimitación ha sido uno de los conflictos ambientales más complejos de Santander durante los últimos años y está relacionada con la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó garantizar la participación de las comunidades en el proceso.
¿Qué significa entonces la decisión para Santander?
Por ahora, lo que cambia es que la reserva específica de 1.499 hectáreas de La Baja quedó sin vigencia.
Eso no significa que automáticamente se haya autorizado un proyecto minero ni que la zona haya quedado sin ninguna regulación ambiental. El Ministerio anunció que deberá realizar una nueva evaluación y definir nuevamente las medidas de protección que correspondan.
Lo que sí vuelve a quedar sobre la mesa es una discusión que durante años ha dividido a Santander:
¿Cómo proteger el agua de Santurbán y, al mismo tiempo, garantizar el derecho de las comunidades de Soto Norte a desarrollar una actividad económica en su territorio?
La respuesta tendrá que construirse entre autoridades, comunidades, ambientalistas, expertos y habitantes de la región. Y mientras avanza ese proceso, Santurbán seguirá siendo uno de los asuntos ambientales y sociales de mayor importancia para Santander.