El segundo y definitivo debate del polémico empréstito por 538.600 millones de pesos en el Concejo de Bucaramanga se cerró sin votación, con plenaria levantada en medio de gritos, acusaciones y una maraña de recusaciones que dejaron el millonario crédito en el limbo político. La sesión del sábado 28 de marzo de 2026, concebida como la prueba de fuego para la bancada de gobierno, terminó en un caos que opacó cualquier intento de discusión técnica y reforzó las sospechas de falta de garantías en el cabildo.
El proyecto, radicado por la Alcaldía de Cristian Portilla como Acuerdo 011 de 2026, pretendía financiar tres grandes obras viales: la Troncal Norte–Sur e intercambiador Novena–45, el corredor vial “2W” (Mercantil–zona baja del mercado campesino) y la modernización del 100% de la red semafórica de la ciudad. La administración justificó el endeudamiento como una apuesta estratégica para la movilidad y la proyección urbana, pero la oposición lo calificó de “falsa motivación” y bomba fiscal que podría disparar el predial y triplicar la deuda pública municipal.
Durante la sesión, los cruces se agudizaron cuando concejales de oposición presentaron recusaciones múltiples contra varios corporados, arguyendo conflictos de interés y vicios en el trámite. La bancada oficial, que según informes previos contaría con mayoría suficiente para aprobar el segundo debate, se vio obligada a defender cada uno de sus miembros, mientras el ambiente se volvió cada vez más tenso. Voces de la oposición, insistieron en que no había condiciones mínimas de transparencia para seguir adelante, y denunciaron que el pendón se estaba usando para blindar intereses particulares bajo el paraguas de la movilidad.
El desorden se volvió insostenible: reclamos, amenazas y una sensación generalizada de falta de respeto inundaron el salón. Ante el riesgo de que la discusión se desviara completamente del fondo técnico, la mesa directiva optó por levantar la plenaria y suspender indefinidamente el debate. No hubo acta de votación, ni se cerró la discusión; el acuerdo se quedó en el aire, técnicamente sin aprobación, pero tampoco tachado.
En la práctica, el millonario empréstito se convirtió en un símbolo de la fractura política del Concejo. Por un lado, la Alcaldía sostiene que dispone de capacidad financiera para asumir el nuevo pasivo y que la ciudad está en deuda con proyectos viales postergados. Por el otro, la oposición advierte que detrás del empréstito hay un manejo opaco de la deuda y una estrategia para consolidar decisiones sin el contrapeso de un debate sereno. Analistas han cuestionado que obras anunciadas como “urgentes” no estuvieran claramente detalladas en el presupuesto de origen, y que ahora se movilicen recursos bancarios por más de medio billón de pesos.
En redes sociales, el debate se transformó en un episodio viral: videos de Facebook e Instagram muestran momentos de tensión, mientras usuarios debaten si Bucaramanga está dispuesta a cargar con una deuda histórica a cambio de vías y semáforos que, en algunos casos, ya figuraban en el Plan de Desarrollo. El caos del 28 de marzo no solo dejó sin votación el empréstito, sino también una sensación de desconfianza instalada en la mesa del Concejo: hasta que no se resuelvan las recusaciones y se garanticen condiciones mínimas de transparencia, el futuro del millonario crédito seguirá dependiendo más de la política que de la técnica.
