El presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno Nacional solicitará una aclaración al Consejo de Estado sobre el auto que suspendió provisionalmente los decretos 1469 y 1470 de 2025, con los que se fijó el salario mínimo vital de 2026 en 1.750.905 pesos y el auxilio de transporte que completa un ingreso de 2 millones de pesos mensuales. Aunque dijo acatar la decisión judicial, el mandatario insistió en que, a su juicio, el decreto “no debió ser suspendido” y sostuvo que el concepto de salario vital se mantendrá vigente mientras se expide un nuevo acto administrativo.
La solicitud de aclaración estará dirigida al magistrado Juan Camilo Morales, de la Sección Segunda del alto tribunal, quien fue el ponente del auto que ordenó frenar de manera temporal los efectos del aumento del 23% decretado para 2026 y dio al Gobierno un plazo de ocho días para fijar un salario mínimo transitorio ajustado a los criterios legales y constitucionales. Petro señaló que primero quiere que el magistrado explique por qué en la decisión no aparece la referencia al “carácter prevalente” del salario mínimo, concepto que, según él, sí está desarrollado en la sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional y en los artículos 25 y 53 de la Constitución.
El jefe de Estado defendió que la figura de salario mínimo vital, introducida por su gobierno, busca garantizar un ingreso que cubra la canasta básica de las familias trabajadoras y no solo el sostenimiento individual del empleado. Recordó que la Ley 278 de 1996 obliga a tener en cuenta, con el mismo peso, la inflación pasada, la meta de inflación, la productividad y otros indicadores económicos al fijar el mínimo cuando no hay acuerdo en la Comisión de Concertación, y argumentó que su administración ha utilizado esos parámetros para justificar los incrementos de los últimos años.
En su mensaje televisado, Petro reiteró que la suspensión del decreto no implica que se desconozcan los avances hacia el salario vital y afirmó que el nuevo decreto transitorio debe seguir la línea de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, apoyado en los mandatos constitucionales y en la jurisprudencia de la Corte. Aseguró que, con base en nuevos estudios técnicos y en las “realidades económicas” posteriores a la firma del decreto de diciembre, el Gobierno está dispuesto a ajustar el monto, pero sin renunciar al criterio de prevalencia del salario mínimo como eje de la política laboral.
Mientras el Consejo de Estado estudia de fondo las demandas contra el aumento del 23%, que cuestionan la suficiencia de la motivación económica y el uso del concepto de salario vital por fuera de los parámetros expresos de la Ley 278, el Ejecutivo deberá concertar con empresarios y sindicatos un nuevo valor de referencia para 2026 o, en su defecto, fijarlo nuevamente por decreto. Petro advirtió que el debate sobre el salario mínimo y el alcance de la decisión judicial seguirá abierto, pero dejó claro que su gobierno mantendrá la bandera de un salario que permita una vida digna para los hogares que dependen del mínimo.
