Bogotá, 13 de diciembre de 2025 — La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación ante el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre la realización de un “paro armado” en los territorios bajo su influencia, a partir del 14 de diciembre y con una duración de 72 horas. La entidad advirtió que esta acción afectará directamente a la población civil, imponiendo restricciones a la movilidad y a la vida cotidiana mediante amenazas y coerción.

Según la Defensoría, este tipo de acciones ilegítimas constituyen una forma de control territorial y poblacional que vulnera gravemente los derechos fundamentales de las comunidades. “El ‘paro armado’ anunciado por el ELN, lejos de afectar a quienes dice dirigirse, afectará a la población civil de los territorios bajo su influencia en Colombia”, señaló la institución.

Entre las principales consecuencias de este tipo de medidas, la Defensoría destacó la restricción a la circulación, la parálisis de las economías locales, la obstrucción del acceso a servicios esenciales como salud, educación y abastecimiento, así como el aumento del riesgo de confinamientos, desplazamientos forzados, amenazas, homicidios selectivos y violencia basada en género.

La entidad recordó que estas conductas infringen el Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente en lo que respecta a la protección de la población civil y la prohibición de actos o amenazas de violencia con el fin de aterrorizarla. Asimismo, advirtió que la imposición de restricciones colectivas bajo amenaza puede constituir una forma de castigo colectivo, prohibido por el DIH.

En respuesta al anuncio del ELN, la Defensoría del Pueblo activó sus mecanismos de seguimiento, monitoreo y verificación territorial a través de sus sedes regionales, con el objetivo de identificar riesgos, acompañar a las comunidades y alertar a las autoridades sobre la necesidad de adoptar medidas de prevención y protección.

Finalmente, la Defensoría hizo un llamado urgente al ELN para que se abstenga de ejecutar cualquier acción que ponga en riesgo la vida, la integridad y los derechos de la población civil. También exhortó a las autoridades nacionales y territoriales a implementar acciones inmediatas, coordinadas y proporcionales que garanticen la seguridad, la movilidad y el acceso a servicios básicos, con especial atención a niñas, niños, adolescentes, comunidades étnicas, líderes sociales y personas en situación de vulnerabilidad.