La Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria de la Corte Constitucional ordenó a las alcaldías de Medellín y Bucaramanga adoptar, de manera inmediata y en coordinación con el INPEC y la USPEC, acciones concretas para garantizar condiciones mínimas de salubridad y atención en salud a las personas privadas de la libertad en los Centros de Detención Transitoria.
La decisión responde a la gravedad del brote de tuberculosis detectado en Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional en Antioquia y Santander, y busca frenar su propagación, especialmente entre personas trasladadas desde centros de detención transitoria.
Las medidas deberán diseñarse y ejecutarse conforme a los lineamientos técnicos y operativos del Programa Nacional de Tuberculosis, incluyendo acciones de prevención, diagnóstico, atención médica y provisión de insumos básicos de bioseguridad.
La Corte también ordenó a la USPEC y al INPEC implementar un plan sanitario integral para la contención, diagnóstico y tratamiento del brote, con enfoque diferencial y garantía plena de derechos fundamentales.
La decisión está contenida en el Auto 1855 de 2025, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. El documento completo puede consultarse en la página oficial de la Corte Constitucional.
