Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Colombia podría convertir el símbolo en acción concreta. En un hecho sin precedentes, el Congreso está a punto de aprobar en último debate la Ley 061 de 2024 contra la trata de personas, una reforma construida con víctimas, organizaciones sociales, instituciones nacionales e internacionales, jóvenes, académicos y liderazgos territoriales.
La iniciativa, liderada por la senadora Sonia Bernal Sánchez, nació del compromiso profundo con quienes han sobrevivido a este crimen. “Este proyecto lo impulsé desde el corazón, convencida de que el país les debía una respuesta real”, expresó la congresista, quien celebra que el Congreso haya comprendido la urgencia y abrazado esta causa.
Una ley que responde a las nuevas formas del delito
La trata de personas ya no ocurre solo en los corredores físicos del crimen. Hoy se amplifica en redes sociales, se promociona en plataformas digitales y se ejecuta en rutas migratorias convertidas en territorios sin ley. La Ley 985 de 2005, aunque importante en su momento, quedó corta frente a un delito que se sofistica cada día para capturar niñas, adolescentes, mujeres, migrantes, población LGBTIQ+ y comunidades enteras expuestas a la desigualdad.
La nueva ley reconoce modalidades emergentes de explotación, incorpora herramientas para perseguir captadores digitales, fortalece la interoperabilidad entre instituciones y garantiza rutas de protección con enfoque territorial, diferencial y de género.
Un proceso participativo y territorial
Desde Yopal, Catatumbo, Pasto y Bogotá, hasta escenarios internacionales en Marruecos, Argentina, Estados Unidos y México, más de 300 personas participaron en audiencias y conversatorios. Fueron las propias víctimas quienes trazaron la ruta para actualizar una ley que llevaba casi veinte años sin responder a las nuevas realidades del delito.
Las audiencias evidenciaron brechas graves: falta de claridad institucional, debilidades en atención, ausencia de información verificable, demoras en rutas de reparación y riesgos crecientes en zonas fronterizas, turísticas y rurales. La ley responde fortaleciendo la coordinación interinstitucional, exigiendo buena práctica investigativa y permitiendo recursos para el Fondo de Víctimas, financiado con bienes en extinción de dominio.
Además, por primera vez, incorpora la inteligencia artificial como herramienta para investigación y judicialización, alineando al país con estándares internacionales.
Tres pilares para la protección
La reforma se sostiene en tres pilares fundamentales:
• Fortalecimiento del Centro de Atención y Reparación Integral para Víctimas, con apoyo especializado y reconstrucción de proyectos de vida.
• Articulación obligatoria entre Fiscalía, Policía, Migración, ICBF, Cancillería y entidades territoriales, con estándares claros y capacitación permanente.
• Protección en entornos digitales, con vigilancia, trazabilidad e investigación tecnológica para enfrentar la sofisticación del delito.
Un deber ético del Estado
“La trata no es solo un delito; es un negocio multimillonario que se alimenta de la pobreza, la desigualdad y la impunidad”, recordó la senadora. Jóvenes del programa RENACER en La Guajira y Cartagena confirmaron que la explotación sexual ligada al turismo, las rutas migratorias y el reclutamiento forzado siguen siendo una realidad urgente.
Este 25 de noviembre puede convertirse en un día histórico: el día en que Colombia dejó de mirar hacia otro lado y decidió proteger a quienes han sido invisibles por demasiado tiempo.
“El 25 de noviembre no será un triunfo personal. Será un triunfo de ellas y para ellas.”
