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Otro alcalde descabezado del santoral político de Santander

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Fotos: Alcaldía de Bucaramanga y Girón

Por: Amparo Parra Mosquera
septiembre 28, 2025
Tiempo de lectura: 3 minutos leídos
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Entre la doble militancia, la vigilancia ciudadana y la nostalgia por lo que pudo ser.  La democracia local en Santander ha recibido dos golpes consecutivos que, más allá del ruido jurídico, nos obligan a reflexionar sobre el tejido político que estamos construyendo. Bucaramanga y Girón, dos municipios con dinámicas distintas pero desafíos similares, han quedado acéfalos por decisiones del Consejo de Estado que anulan las elecciones de sus alcaldes por incurrir en doble militancia. ¿Qué nos dicen estos fallos sobre la cultura política, la participación ciudadana y la fragilidad institucional?

La doble militancia: una infracción que cuesta gobernabilidad

La Reforma Política del Acto Legislativo 01 de 2003 no fue una ocurrencia. Surgió como respuesta a la dispersión partidista y al debilitamiento de los proyectos políticos coherentes. Su propósito era claro: fortalecer los partidos, evitar el transfuguismo y garantizar que los electores supieran con quién y para qué votaban. La prohibición de la doble militancia no es un tecnicismo, es una salvaguarda ética.

Sin embargo, en Bucaramanga y Girón, los alcaldes electos violaron esta norma. Jaime Andrés Beltrán, avalado por el partido Colombia Justa Libres, en coalición con Salvación Nacional y el Partido de la U , y Campo Elías Ramírez, también respaldado por la Liga Gobernantes Anticorrupción, terminaron apoyando candidatos de otros partidos al Concejo. Esa mezcla de lealtades, aunque políticamente útil en campaña, jurídicamente es letal. Y el costo no lo pagan solo ellos: lo paga la ciudadanía que votó, creyó y ahora ve cómo se interrumpe un mandato legítimo por una infracción evitable.

¿Por qué lo hacen?

La pregunta es dolorosa: ¿por qué un candidato arriesga todo—recursos, reputación, esfuerzo colectivo—por una alianza que puede costarle el cargo? La respuesta está en la cultura política que aún privilegia el pragmatismo sobre la legalidad, la conveniencia sobre la coherencia. Muchos candidatos no dimensionan que el ordenamiento jurídico no es un obstáculo, sino un marco de juego limpio. Otros, simplemente, subestiman la vigilancia electoral y ciudadana.

Pero también hay una falla institucional: los partidos que avalan deben formar, advertir y acompañar. La Registraduría y los entes de control deben ser más pedagógicos en campaña. Y los ciudadanos, más exigentes en el escrutinio de las alianzas.

El daño a la gobernabilidad

Un año perdido en la administración pública no es solo un retraso en obras. Es un año sin continuidad en los programas sociales, sin claridad en la ejecución presupuestal, sin liderazgo en la interlocución con el gobierno nacional. Es un año de incertidumbre para los funcionarios, para los contratistas, para los ciudadanos que esperan respuestas.

En Bucaramanga, Eduard Sánchez asume como alcalde encargado con la tarea de continuar el Plan de Desarrollo aprobado por el Concejo, basado en la propuesta de Beltrán. En Girón, aún no se define el reemplazo. Pero en ambos casos, la transición no será neutra. La institucionalidad se resiente, y la ciudadanía se desorienta.

Entre la crítica y la nostalgia

Es inevitable sentir nostalgia cuando los fallos afectan a alcaldes que, pese a las críticas, estaban haciendo bien su trabajo. Beltrán, con su estilo callejero y directo, había logrado conectar con sectores populares. Ramírez, con su experiencia, había empezado a ordenar la casa. Pero la ley no distingue entre buenas intenciones y errores graves. La doble militancia es una falta que no admite matices.

También hay que decirlo: la cultura ciudadana sigue siendo débil. Muchos aún creen que los alcaldes son magos que llegan al poder a resolver problemas estructurales con varita mágica. No hay comprensión del ciclo institucional, ni del peso que tienen las decisiones heredadas. Y eso alimenta la frustración, la apatía y la desconfianza.

¿Y ahora qué?

Estos casos deben servir como lección. Para los partidos, que deben blindar sus avales. Para los candidatos, que deben estudiar la ley antes de lanzarse. Para los ciudadanos, que deben vigilar, preguntar y participar. Y para los medios, que debemos narrar no solo el escándalo, sino el contexto, el impacto y la posibilidad de reparación.

Porque la democracia no se defiende solo en las urnas. Se defiende en la coherencia, en la legalidad, en la memoria. Y en la capacidad de aprender de los errores sin perder la esperanza.

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Melissa García, directora de Vanguardia, se recupera tras accidente de tránsito en Medellín

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Fotos: Alcaldía de Bucaramanga y Girón

Por: Amparo Parra Mosquera
septiembre 28, 2025
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Entre la doble militancia, la vigilancia ciudadana y la nostalgia por lo que pudo ser.  La democracia local en Santander ha recibido dos golpes consecutivos que, más allá del ruido jurídico, nos obligan a reflexionar sobre el tejido político que estamos construyendo. Bucaramanga y Girón, dos municipios con dinámicas distintas pero desafíos similares, han quedado acéfalos por decisiones del Consejo de Estado que anulan las elecciones de sus alcaldes por incurrir en doble militancia. ¿Qué nos dicen estos fallos sobre la cultura política, la participación ciudadana y la fragilidad institucional?

La doble militancia: una infracción que cuesta gobernabilidad

La Reforma Política del Acto Legislativo 01 de 2003 no fue una ocurrencia. Surgió como respuesta a la dispersión partidista y al debilitamiento de los proyectos políticos coherentes. Su propósito era claro: fortalecer los partidos, evitar el transfuguismo y garantizar que los electores supieran con quién y para qué votaban. La prohibición de la doble militancia no es un tecnicismo, es una salvaguarda ética.

Sin embargo, en Bucaramanga y Girón, los alcaldes electos violaron esta norma. Jaime Andrés Beltrán, avalado por el partido Colombia Justa Libres, en coalición con Salvación Nacional y el Partido de la U , y Campo Elías Ramírez, también respaldado por la Liga Gobernantes Anticorrupción, terminaron apoyando candidatos de otros partidos al Concejo. Esa mezcla de lealtades, aunque políticamente útil en campaña, jurídicamente es letal. Y el costo no lo pagan solo ellos: lo paga la ciudadanía que votó, creyó y ahora ve cómo se interrumpe un mandato legítimo por una infracción evitable.

¿Por qué lo hacen?

La pregunta es dolorosa: ¿por qué un candidato arriesga todo—recursos, reputación, esfuerzo colectivo—por una alianza que puede costarle el cargo? La respuesta está en la cultura política que aún privilegia el pragmatismo sobre la legalidad, la conveniencia sobre la coherencia. Muchos candidatos no dimensionan que el ordenamiento jurídico no es un obstáculo, sino un marco de juego limpio. Otros, simplemente, subestiman la vigilancia electoral y ciudadana.

Pero también hay una falla institucional: los partidos que avalan deben formar, advertir y acompañar. La Registraduría y los entes de control deben ser más pedagógicos en campaña. Y los ciudadanos, más exigentes en el escrutinio de las alianzas.

El daño a la gobernabilidad

Un año perdido en la administración pública no es solo un retraso en obras. Es un año sin continuidad en los programas sociales, sin claridad en la ejecución presupuestal, sin liderazgo en la interlocución con el gobierno nacional. Es un año de incertidumbre para los funcionarios, para los contratistas, para los ciudadanos que esperan respuestas.

En Bucaramanga, Eduard Sánchez asume como alcalde encargado con la tarea de continuar el Plan de Desarrollo aprobado por el Concejo, basado en la propuesta de Beltrán. En Girón, aún no se define el reemplazo. Pero en ambos casos, la transición no será neutra. La institucionalidad se resiente, y la ciudadanía se desorienta.

Entre la crítica y la nostalgia

Es inevitable sentir nostalgia cuando los fallos afectan a alcaldes que, pese a las críticas, estaban haciendo bien su trabajo. Beltrán, con su estilo callejero y directo, había logrado conectar con sectores populares. Ramírez, con su experiencia, había empezado a ordenar la casa. Pero la ley no distingue entre buenas intenciones y errores graves. La doble militancia es una falta que no admite matices.

También hay que decirlo: la cultura ciudadana sigue siendo débil. Muchos aún creen que los alcaldes son magos que llegan al poder a resolver problemas estructurales con varita mágica. No hay comprensión del ciclo institucional, ni del peso que tienen las decisiones heredadas. Y eso alimenta la frustración, la apatía y la desconfianza.

¿Y ahora qué?

Estos casos deben servir como lección. Para los partidos, que deben blindar sus avales. Para los candidatos, que deben estudiar la ley antes de lanzarse. Para los ciudadanos, que deben vigilar, preguntar y participar. Y para los medios, que debemos narrar no solo el escándalo, sino el contexto, el impacto y la posibilidad de reparación.

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