La crisis financiera del sistema de salud en Santander se agrava debido al aumento de la deuda de la Nueva EPS con clínicas y hospitales del departamento. A cuatro meses de la suspensión de servicios por parte del Hospital Internacional de Colombia (HIC), otros centros médicos, tanto públicos como privados, enfrentan dificultades crecientes para continuar operando.
Alerta de la Secretaría de Salud de Bucaramanga
La secretaria de Salud de Bucaramanga, Claudia Amaya, advirtió que servicios esenciales como urgencias y salas de parto están en riesgo debido a su baja rentabilidad. “La deuda que tienen las EPS con nuestra red hospitalaria es muy alta, y los hospitales ya no logran sostener servicios que tienen una rentabilidad muy baja. Servicios como urgencias y partos no son rentables, a diferencia de otros como cirugía, que sí lo son”, explicó.
La funcionaria alertó que el cierre de estos servicios esenciales podría ser una consecuencia directa de la crisis: “Cuando un gerente tiene que cerrar servicios de baja rentabilidad, pero de gran importancia social, como los partos, es una alerta que nos obliga a tomar acciones urgentes”, afirmó. Según Amaya, la Administración Municipal busca alternativas para que el Gobierno Nacional intervenga, dado que no se cuenta con la capacidad local para solucionar el problema de liquidez.
Millonaria deuda sin claridad oficial
El problema se intensifica debido a la falta de certeza sobre el monto exacto de la deuda de la Nueva EPS. En un debate de control político el 27 de mayo de 2025, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reconoció que no se tiene claridad sobre las cifras reales. “Todavía no sabemos de qué tamaño es la deuda”, declaró.
Además, el funcionario reveló que la Nueva EPS no cuenta con estados financieros certificados de los años 2023 y 2024, lo que dificulta establecer oficialmente sus pasivos. Según un informe con corte al 31 de diciembre de 2023, la entidad acumulaba pasivos por más de $6,2 billones.
Ávila insistió en que esta crisis no es atribuible a la reforma a la salud del Gobierno Petro, ya que se originó bajo el sistema actual. También enfatizó que la responsabilidad no recae únicamente en el Gobierno, dado que la participación accionaria de la EPS es mayoritariamente privada.
Intervención de la Superintendencia y hallazgos preocupantes
La Superintendencia Nacional de Salud intervino a Nueva EPS el 3 de abril de 2024, tras determinar que la entidad no cumplía con los requisitos financieros para operar. Posteriormente, durante un debate el 30 de mayo, el exsuperintendente Luis Carlos Leal denunció graves irregularidades en la gestión financiera de la EPS.
“La EPS tenía una deuda con hospitales públicos y privados que no estaba registrada oficialmente. No era de $500.000 millones como se creía, sino de por lo menos $5,5 billones”, afirmó Leal. Además, aseguró que la Nueva EPS ocultó facturas desde 2019 para encubrir la magnitud de su deuda, práctica que fue reiteradamente denunciada por asociaciones hospitalarias.
Ante esta crisis, el futuro de la prestación de servicios de salud en Santander es incierto, y la necesidad de una intervención urgente por parte del Gobierno Nacional se vuelve cada vez más apremiante.
