Este miércoles, la Junta Directiva de Metrolínea S.A. se reunió con delegados del Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte y las alcaldías de Bucaramanga, Piedecuesta y Girón para discutir el futuro del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM). La sesión abordó el plan de acción ante la inminente finalización del contrato con Metro5Plus el próximo 26 de abril, buscando garantizar la continuidad del servicio de transporte público en el área metropolitana.
La situación es crítica. La prórroga de dos meses que Metrolínea había conseguido con su único operador, Metrocinco Plus, está por expirar, y aún no se ha definido un plan alternativo que evite la interrupción del servicio en los barrios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
El SITM enfrenta un panorama complejo: el 70% de su propiedad corresponde al Gobierno Nacional, mientras que el 30% restante pertenece a los municipios metropolitanos. Sin embargo, la infraestructura ha sido severamente afectada por actos vandálicos, y su recuperación requiere una inversión millonaria que Metrolínea no puede asumir, dado que su déficit supera los $550.000 millones de pesos.
A pesar de la crisis, el Gobierno Nacional se ha opuesto a la liquidación de la empresa, pero tampoco ha ofrecido soluciones concretas para su recuperación financiera. La falta de consenso entre las autoridades locales y nacionales deja en incertidumbre el futuro del transporte masivo en la región.
Con el tiempo en contra, la administración de Metrolínea y los gobiernos municipales deberán tomar decisiones urgentes para evitar que miles de usuarios queden sin servicio en los próximos días.
