El Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, rechazó el anuncio del Gobernador de Santander de cobrar la tasa de seguridad a través de la factura del servicio de energía, considerándola contraproducente por las graves afectaciones que trae al bolsillo de la gente. “Se trata de la misma tasa de seguridad que tienen los habitantes del departamento del Atlántico y contra la que llevan luchando varios años, el cobro de esta tasa trae consigo implicaciones jurídicas y económicas donde se les impone a los usuarios un valor fijo independiente de su consumo de energía, lo que contradice los principios de justicia y equidad tributaria establecidos en la Constitución”, expresó el Ministro.

Asimismo, pide se revise con rigor y responsabilidad esta medida que se piensa adoptar en Santander, de tal manera, que se tenga en cuenta a la ciudadanía, y de cómo este tipo de decisiones entrarían a afectar el acceso a un servicio público esencial al que tienen derecho todos los colombianos y colombianas.

Es de precisar que, en meses pasados durante su gestión como Agente Especial de Air-e y como conocedor de los problemas que este cobro ha traído al Atlántico y Magdalena, se avanza en un proceso de diálogo que busca el retiro de la tasa de seguridad en la factura de energía, que, para el caso del Atlántico, representa más de 10% del valor total del recibo que pagan los usuarios.

El Gobierno Nacional ha hecho varios llamados a las Gobernaciones, Alcaldías y Asambleas Departamentales para que tengan en cuenta que este tipo de cobros no deben ser asumidos por los usuarios del servicio de energía eléctrica y menos, como medidas transitorias que terminan convirtiéndose en decisiones permanentes.

El pronunciamiento del Ministro Palma, se conoció, luego de que la Asamblea de Santander aprobara este 28 de marzo, en primer debate el proyecto de ordenanza presentando por el gobernador Juvenal Díaz Mateus, con 6 votos a favor y uno en contra.  La intención del gobierno para cobrar este tributo de Seguridad Multidimensional también tiene el rechazo del Comité de Gremios de Santander, al considerar que ponen en riesgo el desarrollo económico y social del departamento.