El juicio disciplinario contra Álvaro Leyva Durán, según la Procuraduría es por extralimitación en el cumplimiento de sus funciones al declarar desierto el proceso de licitación de pasaportes.
El funcionario fue suspendido provisionalmente por tres meses. La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo, la primera al declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.
En segundo lugar, el organismo de control profirió cargos al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.
Sobre la decisión de la suspensión provisional la Sala Disciplinaria sostuvo que la medida se tomó en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y el que funge como director del nuevo proceso contractual que se adelanta para la gestión de pasaportes.
Finalmente, la Entidad dispuso el archivo de la investigación a favor del secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez.
La decisión de la Procuraduría provocó distintas reacciones en el Congreso de la República, donde voceros del Pacto Histórico responsabilizaron a Margarita Cabello Procuradora general de ser una aliada del Centro Democrático, mientas que la representante a la Cámara Jennifer Pedraza en su cuenta de X manifestó que “es increíble que la misma Cancillería le diera un puntaje de 1000 puntos a Thomas Greg y luego por un capricho, y sin tener en cuenta las posibles consecuencias jurídicas, declararan desierta la licitación”. Y que se requiere de una investigación rigurosa u despolitizada.
