Hasta un millón de pesos, reciben cada dos meses, los hogares más vulnerables del país, es por eso que a partir de este 7 de julio de 2023 Prosperidad Social inicia el pago del segundo ciclo de Tránsito a Renta Ciudadana a más de 2 millones de hogares, de los 3.300.000 a los que está destinado el programa.
Santander, se encuentra en el grupo con mayor número de familias beneficiadas con 97.211. Vale recalcar que los pagos para las familias bancarizadas inician este viernes 7 de julio; para familias no bancarizadas, el 11 de julio. Para este pago el Gobierno nacional invirtió cerca de 800 millones de pesos para este segundo ciclo en todo el país.
“La entidad verificó el cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación, y realizó una exhaustiva operación anti colados, con cruces de información de diferentes bases de datos”, explicó la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque.
Para el pago de la transferencia, el programa verificó el cumplimiento de matrícula de los niños, niñas y adolescentes en entidades educativas, de acuerdo con el reporte del SIMAT (Sistema de Matriculas Estudiantil del MEN), y que los beneficiarios tuvieran una IPS habilitada por el Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo con la información de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA). La verificación se realiza únicamente con cruce de bases oficiales.
La entidad levantó la medida preventiva de suspensión a 200 mil familias, cuyas fichas del Sisbén IV tenían la marca “En verificación”. Ahora se encuentran en estado “Validado”. Estas familias podrán recibir el pago del ciclo 2, si cumplieron con los compromisos del programa. Las familias que no cobraron en el ciclo 1 de 2023, podrán cobrar los recursos en este ciclo, siempre que cuenten con una liquidación.
En el proceso de revisión y validación periódica de prevención de fraudes que realiza el programa, el comité de riesgos decidió suspender temporalmente a los 14 mil potenciales beneficiarios que son servidores públicos –familias que tienen alguna relación laboral o vinculo contractual con el Estado–, mientras se examinan sus casos individualmente y se determina su situación.
