Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia abrieron investigación en contra de seis generales en retiro del Ejército Nacional porque, mientras estuvieron a cargo de varias unidades en el norte del país, habrían promovido un ‘plan de estímulos’ para que aumentaran las denominadas ‘bajas en combate’, o «falsos positivos», situación que generó múltiples ejecuciones extrajudiciales.
Un primer escenario ocurrió entre 2004 y 2008, e involucra a grupos tácticos y operacionales adscritos a la Décima y a la Segunda Brigada de Ejército Nacional, las cuales tienen jurisdicción en Cesar y La Guajira.
Los elementos de prueba dan cuenta de que cinco de los altos oficiales investigados, presuntamente, ejercieron actos de presión sobre sus subalternos y les indicaron insistentemente que los únicos resultados válidos serían las ‘bajas’. A cambio, ofrecieron felicitaciones, permisos, licencias y vacaciones.
Para cumplir con este propósito y obtener algún estímulo, el personal militar presentó como muertos en combate a campesinos, indígenas y habitantes de barrios marginales.
Las víctimas, en la mayoría de los casos, fueron engañadas con falsas ofertas laborales, trasladadas a sitios despoblados y apartados, entregadas a los uniformados y asesinadas con disparos de fusil a corta distancia y en circunstancias que no reflejaban un enfrentamiento armado. Sin embargo, en los reportes oficiales fueron reseñadas como integrantes de estructuras delincuenciales que atacaron a los componentes del Ejército Nacional.
Por lo anterior, serán citados a diligencia de indagatoria como posibles responsables del delito de homicidio en persona protegida, los siguientes oficiales en retiro:
• Brigadier general (r) Fabricio Cabrera Ortiz, por hechos ocurridos entre el 13 de julio de 2006 y el 31 de enero de 2008, que dejaron 95 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mientras se desempeñó como comandante de la Décima Brigada Blindada de la Primera División del Ejército Nacional.
• Mayor general (r) Hernán Giraldo Restrepo, por los eventos sucedidos entre el 24 de diciembre de 2004 y el 1 de julio de 2006, en los que se conocieron 33 víctimas de ejecuciones extrajudiciales durante el periodo en el que comandó la Décima Brigada Blindada de la Primera División del Ejército Nacional.
• Mayor general (r) Jorge Enrique Navarrete Jadeth, por 15 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Estas personas murieron el 16 de enero de 2006, en Urumita (La Guajira). Este caso se le atribuye al Batallón de Caballería Mecanizado N°2, cuyo comandante era el hoy investigado.
• Brigadier general (r) Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, por dos hechos perpetrados en Manaure y Codazzi y (Cesar), en febrero y septiembre de 2006, en los que murieron siete hombres que, posteriormente, fueron presentados como ‘bajas en combate’. En su momento, el oficial era el comandante del Batallón de Artillería N°2 La Popa.
• Brigadier general (r) Luis Felipe Paredes Cadena por un evento de ejecución extrajudicial que dejó una víctima en el corregimiento Mingueo, en Dibulla (La Guajira), el 18 de noviembre de 2006. Para la fecha el oficial estaba a cargo de la Segunda Brigada del Ejército Nacional.
Ejecución extrajudicial de exintegrantes de las AUC
El segundo escenario investigado por la Fiscalía involucraría al brigadier general (r) Luis Fernando Rojas Espinosa, y está relacionado con la muerte de dos señalados integrantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el 14 de marzo de 2004.
El materialprobatorio indica que estas personas fueron llevadas mediante engaños a una zona boscosa del caserío Belén, en El Banco (Magdalena), puestas en estado de indefensión por unidades militares y asesinadas con disparos de fusil.
Los uniformados reportaron lo sucedido como un enfrentamiento armado con un grupo irregular, algo que no ocurrió. Esta acción se le atribuye al Batallón de Infantería N°4, comandada en su momento por el brigadier general (r) Rojas Espinosa. Por este caso, será citado a indagatoria y vinculado como posible responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.
Las investigaciones anunciadas se siguen en atención a los parámetros de la Ley 600 de 2000
