El Presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó la Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social, que tiene como objetivo principal atender la deuda social histórica que tiene el Estado con los más vulnerables, de la mano de la responsabilidad fiscal.

Con esta norma, el Gobierno del Cambio recaudará $19,7 billones en 2023 y un promedio de $20 billones en los siguientes tres años. Dichos recursos se destinarán, en su mayoría, al gasto social, por lo que se priorizará la lucha contra el hambre y la pobreza, la educación, la salud, la protección del medio ambiente, la transición energética, el desarrollo productivo y la economía popular, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas. De esta manera, el Presidente cumple una de las promesas de campaña.

“El interés del gobierno es consolidar una política fiscal sostenible, fundamentada en ingresos corrientes y en la reducción de la dependencia de la deuda. La Reforma Tributaria es importante en su finalidad de equidad y como factor anticíclico en la recesión mundial venidera”, manifestó el Mandatario.

Pagarán más impuesto de renta quienes tengan ingresos mayores a $13 millones mensuales. De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, más de dos terceras partes del recaudo adicional de este impuesto provienen de los contribuyentes con ingresos superiores a $20 millones mensuales.

Sector minero-energético

Se establece una sobretasa para la extracción de carbón y petróleo que dependerá de los precios internacionales; será del 5% o 10% para carbón; y del 5%, 10% o 15% para el petróleo.

En el caso del petróleo, para 2023, la sobretasa será de 5% si el precio es mayor a USD 67 por barril; de 10% si el precio supera USD 75; y de 15%, si el crudo de referencia Brent es mayor a USD 82.

También, no se podrán deducir de los impuestos de renta de las compañías de ambos sectores los montos de las regalías.

Adiós a los beneficios tributarios

El texto plantea la reducción de algunos beneficios tributarios específicos para algunos sectores y regiones. Además, se depuraron los no estratégicos, racionalizándolos a las actividades que constituyen prioridades de política pública en los territorios.

Impuestos saludables y ambientales

Los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultra procesados entrarán en vigencia en noviembre del próximo año, periodo para el cual se espera que ya se haya materializado una reducción de la inflación. Solo aplicará a los productores que obtengan ingresos mayores a $419 millones anuales por estos mismos.

Con lo anterior se evita gravar a microempresas productoras de estos bienes, con gran impacto en la economía popular, como las panaderías de barrio.

Se excluyeron de este impuesto, además, alimentos con una participación importante en la canasta familiar, como el pan y las bebidas lácteas.

En cuanto a los tributos ambientales, se han establecido gravámenes al carbono y los plásticos de un solo uso.

El Gobierno busca tener un mayor recaudo para el bienestar de los más vulnerables así:

Más inversiones, menos evasiones

La Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social reduce los montos, a partir de los cuales la evasión se vuelve un delito, es decir que las personas naturales o jurídicas que ahora tengan ingresos superiores a $1.000 millones en activos o pasivos que no reporten incurrirán en sanciones establecidas en la ley.

Además, la norma establece que las condiciones para la prescripción penal de la evasión se vuelven más restrictivas.

Así mismo, en zonas francas habrá impuesto ponderado: 20% para ventas al exterior y 35% para el mercado interno. Se exceptuarán productos energéticos que se vendan al mercado interno como las zonas francas costa afuera de gas, la refinación de petróleo y la producción de biocombustibles.